ramonmoles

Infolibre 20.6.2025

Parece que la ortografía es irrelevante (o parcialmente irrelevante) a la hora de verificar que un estudiante dispone del nivel necesario para ingresar en la universidad. De hecho, se trata de un fenómeno mucho más amplio: a la irrelevancia de la ortografía podemos agregar la de la expresión oral y escrita, la de la comprensión lectora, la de capacidad de análisis o la del espíritu crítico. No se trata de mantener, cual abuelo cebolleta, que cualquier tiempo pasado fue mejor: las nuevas generaciones tienen algunas capacidades y habilidades que superan a sus predecesoras. Lo segundo no justifica lo primero: tener nuevas habilidades no justifica desdeñar ortografía, comprensión lectora y demás.

Si se pretende contar con ciudadanos culturalmente capaces, responsables y críticos no se puede obviar cuanto configura el universo racional de una persona. Hacerlo sería tanto como degradar la persona a la condición de mero sujeto de consumo acrítico, individuo adocenado ignorante de cuanto le rodea e incluso ignorante de su propia condición. El problema es que el sistema se ha orientado desde años en esta dirección: universidades más preocupadas por incrementar el número de matriculados de ingreso que por la calidad real de sus egresados, empresas obsesionadas en contar con titulados “útiles” más que con empleados “conscientes” de su contexto, estudiantes centrados en conseguir un puesto de trabajo a partir o de la “titulitis” imperante o de la compraventa de criptomonedas, padres y madres que consideran, aún hoy, que la universidad es un ascensor social.

La triste realidad es que en los últimos quince años la universidad que he vivido -y la que han vivido otros colegas también- se parece más a un jardín de infancia sobreprotector que trata con “clientes” que a un centro de generación compartida de conocimiento entre estudiantes y docentes. Obviamente hay excelentes excepciones, pero me refiero al depauperado panorama general. El debate generado por el hecho de querer penalizar los errores ortográficos no es más que otro de los muchos ejemplos que justifican la visión expuesta.

A pesar de la rectificación parcial final (los errores ortográficos sólo penalizan en algunas materias) los bandazos de la Administración de la Generalitat en este caso tampoco ayudan a establecer un marco de futuro muy halagüeño. Mientras tanto, pretenden llevarnos al huerto, dónde la “horto-grafía” pueda ser de utilidad.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista. 

Infolibre 9.6.2025

Lamentablemente la miopía de nuestra sociedad facilita la comisión de barbaridades institucionalizadas. En enero de 2019 publiqué un artículo sobre el maltrato institucional a menores que, desgraciadamente, no ha perdido vigencia a la luz de lo acontecido en relación con las presuntas irregularidades en prestaciones a extutelados por parte de fundaciones subcontratadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y el caso de violaciones y prostitución de una menor de 12 años bajo guarda de la Generalitat. Hace 6 años me referí a sucesos como los de los niños tutelados por la Generalitat que fueron objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016), los de los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según entonces indicó el Síndic unos 600 del total de 7.000 entonces), o los no acompañados que escapan a la tutela de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

Los recientes sucesos en relación con la DGAIA parece que han motivado que el Govern tome cartas en el asunto para refundarla, por un lado retirándole las competencias en materia de ayudas y contrataciones, y por otro, reforzando la prevención revisando los protocolos. Para ello se crea una nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se redimensionará con 300 nuevos profesionales. Parece una buena noticia, pero para nada es suficiente. Sorprenden dos puntos. Primero, la tardanza de la propia Administración en abordar un maltrato institucional (físico, moral y económico) de tamaño calibre que ha acabado por cronificarse. Segundo, la desfachatez de los responsables y representantes políticos en todos estos años para defender una gestión a todas luces pésima. 

En cuanto a lo primero, transformar la DGAIA sin atacar la raíz del problema es una maniobra decorativa que podría encubrir intereses inconfesables (como por ejemplo cambiar algo para que nada cambie). Y es que una de las raíces del problema es el incremento brutal de menores no acompañados a los que atender sin una estructura correctamente dimensionada que, por otra parte, deviene en negocio cuando la fórmula consiste en otorgar millones de euros a gestores privados de centros residenciales para que se hagan cargo de ellos. Según cifras publicadas serían alrededor de 788 millones de euros entre 2016 y 2020 cuya gestión está siendo examinada por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau. Para que se hagan una idea: el presupuesto de Andorra para 2025 es de 634 millones de euros. La solución del problema pasa necesariamente, cuando sea posible, por dar una salida de gestión pública al problema de menores no acompañados haciendo responsables de estos a sus familias y Estados de origen. La solución no es regar de millones a un sinfín de fundaciones dedicadas a vivir del drama, sino seguir el rastro del dinero “atribuido” irregularmente a algunos elementos de esta red clientelar amparada por el concepto de “tercer sector”, y acabar con la precarización de los trabajadores del sector

En cuanto a lo segundo, hemos sido testigos de una vergonzosa maniobra de ocultación del problema por parte de responsables y partidos políticos hasta el punto de que PSC, ERC y Comuns votaron en el Parlament en contra de adoptar medidas correctoras atendiendo el informe 3/2024 de la Sindicatura de Comptes, que evidencia la mala gestión con todo detalle. Un ninguneo parlamentario en toda regla al organismo de control. Hemos sido testigos también de como ERC (el partido político que ha gestionado este organismo los 10 últimos años) ha ignorado el problema hasta el punto de escudarse en la pandemia, la responsabilidad del violador, o la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la crisis del procés, sin asumir ninguna responsabilidad, para, además, acusar en sede parlamentaria a la Sindicatura de hacer el juego a la extrema derecha. Parece que los escaños son un medio de vida, y no un servicio público como debieran.

Como en enero de 2019, insisto en que no es suficiente con transformar la DGAIA ni depurar las responsabilidades pertinentes: para cambiar las cosas hace falta pretenderlo de verdad, adoptando medidas urgentes más efectivas, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles como penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista

29.3.2025

Las incidencias en Rodalíes Renfe no son tales: son consistencias. Lo que debiera ser excepción (el mal funcionamiento) se ha cronificado para devenir un mal cotidiano. La obsolescencia por dejadez gestora es causa del desastre. Hay algo aún peor: una visión anticuada e interesada del servicio público, que se nutre de ideas centralistas y corporativistas.

Rodalíes de Catalunya incluye 209 estaciones y 1.200 kilómetros de vías. La usan diariamente medio millón de ciudadanos que sufren retrasos graves cuatro de cada cinco días y cancelaciones de miles de trenes cada año. A pesar de que la Generalitat tiene transferidas estas competencias desde 2010, parecía que el acuerdo de noviembre de 2023 entre PSOE y ERC sobre su traspaso integral iba a ser una solución basada en la sustitución de Renfe por la Generalitat.

En noviembre de 2023 los comités de empresa de Renfe y Adif ya plantearon una huelga relacionada con el traspaso de competencias y su afectación a los trabajadores de la empresa, que se saldó con un acuerdo para desconvocarla. Ahora, de nuevo, los sindicatos han considerado vulnerados los anteriores acuerdos, esencialmente por la creación de una nueva empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y Adif, por la exclusión de la línea R1 en Cataluña de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), y porque consideran que no suponen una mejora del servicio, sino un aumento del coste por la pérdida de economías de escala y el incremento del entramado societario para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Argumentan, además, que el traspaso provocará una disminución de los estándares de seguridad y la pérdida de interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria española y europea. Los sindicatos han llegado a advertir de que el traspaso de Rodalíes implica incomunicar a Catalunya por ferrocarril.

Finalmente, la huelga se ha desconvocado “in extremis” mediante un acuerdo que se basa en que los trabajadores de Renfe y Adif mantendrán las mismas condiciones y dependerán del Estado a través del Grupo Renfe, aunque el control operativo será de la Generalitat. A esta fórmula la han denominado “adscripción temporal” de Rodalíes a Renfe. Curiosa solución: manteniendo las condiciones laborales interesadas de los trabajadores de Renfe, ya no se perjudica el interés general ni se incomunica a Catalunya por ferrocarril ni se arriesga la seguridad de la infraestructura. Mejor aún: ahora sí que la cosa va a funcionar !. Obvio: el meollo está en la confusión entre interés corporativo e interés general, está en el mantenimiento a toda costa de las condiciones laborales de estos trabajadores que, por lo visto, debiendo ser extraordinarias, las deben ver muy amenazadas por el traspaso a la Generalitat, sobre todo si atendemos a las declaraciones de los propios sindicatos: «Hemos introducido un blindaje de permanencia para los profesionales de Renfe y Adif. Hemos aprovechado esta situación para establecer el mecanismo que nos proteja en ambas empresas públicas, de cara a futuros procesos que puedan venir por la aplicación del cuarto paquete ferroviario. Así, en ningún supuesto, se podrá obligar a las personas trabajadoras a cambiar de empresa fuera del Grupo Renfe y Adif». 

Este fenómeno es cosa común en este país: la extinta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, Aena, o el mismísimo Senado han sido objeto de fracasadas propuestas descentralizadoras que terminaron en la papelera para evitar que se perjudique intereses corporativos bajo la excusa de evitar que “España se rompa”.

En 2004, tras un acuerdo con el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, Zapatero trasladó de Madrid a Barcelona la sede de la CMT. Finalmente, el Tribunal Supremo anuló el traslado al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores. Se trataba de la defensa de intereses corporativos usando como pantalla los “peligros” de la descentralización. Incluso el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, presentó su dimisión por su oposición al traslado, calificando al Gobierno, de «poco preparado» y «mal asesorado», y calificó como «una chorrada» y “una deportación” su decisión de cambiar la sede del organismo: no sea que “España se rompa”.

Recuerden la crisis de los controladores aéreos en 2010 con la empresa pública Aena, que llevó al cierre del espacio aéreo y al primer estado de alarma de la democracia. Tras este conflicto subyacía el modelo de gestión de Aena que, desde 1998, se endeudó fuertemente por la construcción y ampliación de infraestructuras, como el Plan Barajas con ingentes desviaciones de costes, o las obras en aeropuertos pequeños con escaso tráfico. En la crisis de 2008 el pago de la deuda se convirtió en un gran problema que exigía un cambio de modelo de gestión al que los controladores se opusieron para defender sus escalas salariales recurriendo al poder derivado de sus funciones. Aún hoy, el modelo centralizado de gestión aeroportuaria se mantiene para disfrute de algunos y castigo de la mayoría de los ciudadanos. No sea que “España se rompa”.

Trasladar el Senado a Barcelona fue una idea de Pasqual Maragall hace 33 años para reforzar el concepto de cocapitalidad. Como sucedió después con el caso de la CMT, se anunciaron protestas de sus trabajadores en caso de que el Senado tuviese que trasladarse a Catalunya.

Subyace a todo esto un problema no resuelto: centralización o descentralización significa, también, una lluvia de millones sobre uno u otro territorio derivada del peso del empleo público y de la concentración de actividades empresariales. A pesar del modelo constitucional descentralizado los principales órganos institucionales y reguladores están en Madrid concentrando alrededor del 30% del personal del sector público del Estado. La descentralización no es sólo un principio constitucional rector en sí mismo. La descentralización también es un instrumento para la gestión de otros fenómenos, como la despoblación, la revitalización territorial o el acercamiento de servicios a la ciudadanía. A la centralización propugnada por la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, del PP, se oponen otros presidentes del PP (caso de Galicia) o regionalistas como el de Cantabria.

La centralización es un concepto caduco, que resulta de la desconfianza en la idea de diferencia por parte de las élites, y otros beneficiarios interesados, en la creencia de que la igualdad resulta de la homogeneidad. Alemania, Portugal o Estados Unidos son ejemplos de lo contrario. El “España se rompe” resulta muy útil para aglomerar opiniones a favor de intereses corporativos no confesados ni confesables. Como bien sabemos, envolver el bolsillo en cualquier bandera suele dar réditos interesantes e interesados.

En conclusión: ¿Cómo serán las condiciones laborales de una descentralización para que no puedan ser asumibles por los afectados? ¿No será que se trata más bien de privilegios centralizados difícilmente subrogables? ¿No estaremos ante intereses laborales, más que ante derechos laborales? La diferencia es obvia: un derecho genera un deber recíproco que genera a los demás el deber de respetarlo, un interés no. Uno puede tener interés en mantener un privilegio, pero nunca tendrá derecho a ello porque no existe el deber de respetarlo. Y si lo tiene, es que el Estado no está bien diseñado y es ineficiente. Cuando colectivos diversos agitan el gallinero con argumentos centralistas (España se rompe) en ocultación de sus intereses corporativos (mi privilegio se rompe) estamos en presencia de un ejercicio de arrogancia. Arrogancia por cuanto abusan de su posición de manera insolidaria en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos a quien deben servir. No deberían olvidar que el concepto de servicio público, con sus privilegios y servitudes, lo es porque se justifica en la defensa del interés público, no en la defensa del interés corporativo. ¿Qué clase de sindicalismo es este que no es de clase y que pretende que España se rompe cuando algo suyo se rompe?

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista

18.1.2025

En noviembre de 2023 publiqué un artículo en el que, ante una filtración que demostraba la responsabilidad de Meta en la difusión de noticias falsas y de contenidos violentos, planteaba que la única opción ante los abusos de los dueños de las redes es la toma de conciencia de los usuarios para boicotear estos negocios y la movilización ciudadana para presionar a los legisladores en favor de su regulación. Algo ya entonces poco probable.

A finales de 2024 un investigador francés del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), lanzó el proyecto #HelloQuitteX (HolaDejaX), que viene a ser «un movimiento transpartidista y apolítico» para lograr una salida masiva y ordenada de usuarios de la red X (antes Twitter) que haga entender a su dueño (Musk) que no a todo el mundo le gusta lo que está haciendo. Se trata de una propuesta de migración a otras redes. Menuda solución !

El problema no es sólo salir del fuego, sino como evitar caer en las brasas. El problema no es en que red militas, sino el modelo de negocio de las redes que explotan tus datos con o sin tu conocimiento. Como indiqué hace ya más de veinte años, Internet -las redes- tiene que ser regulado por el poder público porque es propiedad de empresas privadas que afectan a intereses públicos de nuestras sociedades democráticas. Esta tesis era entonces minoritaria y se enfrentó a quienes creían ingenuamente que Internet era un espacio de libertad sin censuras. Desgraciadamente la realidad se impone y nos encontramos ante un problema de proporciones gigantescas (el recorte de las libertades) al que legiones de arribistas otrora defensores del juguete se aproximan hoy a este desde posiciones “reformistas”. Vienen a decir que basta con trasladarse de corral para evitar estar “acorralado”. Insisto: el problema es la existencia misma del corral. Aunque dispusiéramos de un espacio virtual comodísimo, respetuoso hasta lo empalagoso, la infraestructura sobre la que se asienta (el cableado y los servidores, esto es, el cercado y sus comederos) continuarían siendo privados, propiedad de unos dueños que harían con ellos lo que les pareciera con el objetivo (legítimo) de ganar dinero con él. La solución no es acomodarse al cercado, es destruirlo y definir otro modelo de explotación más extensiva, más de montanera. Migrar de una red a otra no es más que seguir echando flores a unos corrales (dónde se ubican los usuarios de las redes) que se explotan en formato intensivo sin darles libertad para moverse cómo y dónde quieran. Son corrales, no en un marco libre y regulado en defensa de los intereses públicos.

Mientras tanto, el problema ha tomado también otros derroteros. ¿De qué nos va a servir una regulación pública de las redes cuando regulador y regulado son el mismo? ¿O no es lo que va a suceder cuando Musk entre en la administración de la Casa Blanca? ¿Alguien piensa que los dueños de las redes instalados en el control de las Administraciones Públicas van a tomar decisiones que supongan tirar piedras a sus tejados? Por sus hechos hasta la fecha los podemos conocer y la práctica demuestra que cualquier movimiento suyo va a ir directamente vinculado a su mayor beneficio posible. Mientras tanto echan flores a los corrales y los acorralados se las echan entre sí.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista.

La baja calidad de nuestra democracia empieza a avergonzar a algunos actores, aunque parece que no preocupe, aún, a una mayoría de ciudadanos. Los últimos acontecimientos podrían indicar que una parte del espectro político es víctima de conductas deleznables de la otra parte y, sin embargo, los hechos demuestran que no hay ningún actor libre de culpa: el conjunto de partidos políticos (de todos los colores) ha demostrado que son capaces de activar mecanismos ilegítimos cuando se trata de deslegitimar a sus “competidores” para salvaguardar comederos.

Tenemos un grave problema con la calidad de nuestra democracia como consecuencia principalmente de la colonización de nuestro sistema institucional (administraciones públicas, empresas públicas, parapúblicas y algunas privadas, sindicatos y patronales) por parte de las maquinarias de los partidos políticos, que se sirven de él para alimentar a cohortes de paniaguados a las que les va el sustento en el ejercicio profesional de la política. ¡Cuánta razón tenía Alejandro Nieto cuando advertía hace años contra este fenómeno!

Parece ahora que la regeneración democrática atañe sólo a la conducta de algunos políticos, a su lenguaje y a la “limpieza” de su juego. Nada más lejos de la realidad. Atañe a todos, más aún si las medidas a adoptar pueden afectar a un número no menor de ciudadanos, por ejemplo, a quienes ocupan puestos administrativos o electivos en el sector público o parapúblico al calor del modelo imperante. Siendo aquellas cuestiones imprescindibles, no son suficientes. De nada servirán si no se acompañan de una regeneración de las estructuras políticas, de un rediseño del modelo institucional y de un cambio a mejor en nuestra galaxia comunicativa.

La regeneración de las estructuras políticas para acabar con la profesionalización de la política que conduce de manera inexorable a la creación de grupos de interés, no necesariamente ideológicos, que patrimonializan la cosa pública en su beneficio. Para que pueda primar el interés público en la gestión pública debe hacerlo también en la esfera de los partidos políticos, sindicatos y patronales: listas electorales abiertas para acabar con la obediencia caciquil, un sistema retributivo de los cargos que no implique ningún tipo de ganancia ni de pérdida respecto de la situación retributiva anterior de estos, un sistema de distribución de escaños que respete la proporcionalidad del número de habitantes de cada circunscripción, una financiación de partidos, sindicatos y patronales que dependa de sus afiliados -no del presupuesto público-. 

Un rediseño del modelo institucional acorde con los tiempos de hoy: una Constitución para mañana, no para ayer. Un Poder Ejecutivo que pase a ser un Servicio Público con unas Administraciones Públicas profesionalizadas, más ágiles y menos costosas, al servicio del ciudadano, que concentren el papel de la función pública en el ejercicio de autoridad y que para otras funciones sin ejercicio de autoridad se basen en la contratación laboral y mercantil para dotarse de profesionales con capacidades adecuadas a nuestros tiempos. Un Poder Judicial que pase a ser un Servicio Público de Justicia al servicio de las necesidades de la sociedad. Un Poder Legislativo que reformule el papel del Senado desde la pluralidad territorial del Estado, que requiere una relectura de este mucho menos centralista. Unas instituciones que realmente respondan y actúen bajo el principio de transparencia y del registro y control de intereses privados que puedan interferir o condicionar el interés público mediante oligopolios.

Una galaxia de medios de comunicación más independientes, menos subvencionados, dónde no se confundan los panfletos redactados por inteligencia artificial con los medios, dónde el anonimato de la opinión no pueda ocultar campañas difamatorias, y dónde el control del capital o de la política sobre los medios no constituya la doctrina editorial de estos. Una sociedad vacunada frente a la post-verdad de Internet gracias a un sistema educativo eficiente, que aporte conocimiento a unos ciudadanos suficientemente críticos como para distinguir la verdad de la mentira y evitar actuar como palmeros de los manipuladores.

Señor presidente Sánchez: la regeneración democrática es un nuevo modelo de país, y para ello es preciso un gran acuerdo de Estado, no sólo un pacto para acabar con la guerra sucia. El interés general exige otra política, que tenga por objetivo mejorar la vida de nuestros conciudadanos, no la protección de los intereses particulares de algunos mediante el uso torticero de la cosa pública. La regeneración de la guerra sucia no es posible porque la guerra siempre es sucia.

Ramon-Jordi Moles Plaza. Jurista y analista.  

Cuando se trata de servicios públicos lo público y lo privado sólo son medios al servicio de la satisfacción del interés general. Hechos recientes contradicen esta idea. Las universidades Ramon Llull, Internacional y Abat Oliva han dejado de exigir las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para acceder a los grados de Educación con objeto de remontar las matrículas en caída libre desde la implantación de estas pruebas en 2014 por acuerdo de las 12 universidades catalanas. Unas PAP que se crearon para mejorar en todas las universidades catalanas el nivel de matemáticas y lenguas de los futuros profesores cuando se constató el bajo nivel de los candidatos a cursar estos estudios. Con un 40% aproximado de suspendidos, sólo las universidades públicas las mantienen mientras que estas tres privadas, al eliminarlas, han doblado la matrícula. No tengo claro que las PAP sirvan efectivamente para mejorar el nivel de los candidatos. Creo que el problema viene de lejos y va más lejos todavía: la crisis de un modelo educativo fracasado desde hace años y lastrado por intereses corporativos diversos que impiden que el tema salga de la agenda política para poder hallar una solución “de Estado”.

En otro orden de cosas, la UOC (de propiedad mayoritariamente privada) ha reclamado recientemente que sus profesores puedan acceder a los mismos planes de mejora laboral del profesorado de las públicas, o acceso a fondos públicos para investigación en igualdad de condiciones que las públicas. No les faltaría razón si nos centráramos en su función de servicio público en vez de en su personalidad jurídica pública o privada. Sus docentes no son funcionarios y su actividad investigadora debería tener igual condición que la de las públicas a efectos de recibir fondos europeos al efecto. Si esto debiera ser así, ¿por qué su profesorado se estructura en categorías “funcionariales” (catedráticos y demás)? ¿por qué burocratiza el proceso de aprobación de títulos como las públicas, o los precios de sus matrículas? ¿por qué es miembro de la Asociación Catalana de Universidades Públicas? Existen dos opciones: o que sea pública puesto que pretende este estatus, o que sea privada puesto que su propiedad mayoritaria lo es. La clave está en la procedencia de los fondos (incluyendo la deuda) que la sustentan: si son mayoritariamente privados o si son mayoritariamente públicos. Y así podríamos especular hasta el infinito: ¿Por qué no reciben también fondos públicos otras privadas como la Ramon Llull, la Internacional o Abat Oliva?. Y lo mismo valdría para la UVic. Este callejón sin salida nos conduce a constatar que se adoptó un estatus privado, distinto de las públicas, para huir del corsé de la ineficiencia burocrática, pero se reivindica el estatus público en aspectos convenientes a distintos intereses singulares (personal o financiación de la investigación).

La salida puede radicar en centrarnos en la función pública y no en el estatus jurídico público o privado de las universidades: una universidad debería ser ante todo una universidad. Como una empresa es una empresa o una fundación es una fundación. Sin embargo, en este país destacamos por confundir de manera interesada incluso la noche con el día, pero especialmente las universidades… y los clubs de fútbol. Me refiero al hecho de que ante todo una universidad, sea pública o privada, debiera cumplir la función para la que se crea, que según la vigente Ley es garantizar el servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Del mismo modo que un club de fútbol debiera ser ante todo una entidad deportiva. Si después, insisto, después, reúne características mercantiles que incluso le permiten tener beneficios, será otra cosa, sin perder de vista sus funciones originarias paras las que fue creada la universidad… o el club de fútbol.

Sucede por estos andurriales que nada es lo que parece: si se pretende ganar dinero mediante la educación superior o el fútbol no pasa nada, es lícito, pero dígase. No es posible sin embargo que el objeto principal sea el lucro, no sólo el monetario, sino también -y a veces, sobre todo- en términos de influencia sociopolítica. Lo publiqué en 2006 en mi libro “Universidad SA”: nada que objetar al estatus privado de una universidad, siempre y cuando ejerza las tres funciones que la ley le exige. El problema viene del confusionismo entre público y privado, generado a posta por intereses que, con frecuencia, no se declaran públicamente y se mueven entre bambalinas. Una universidad es un caramelo demasiado zalamero en términos de poder como para rechazarlo. Alguna privada se creó para dar respuesta a demandas territoriales (cada campanario tiene derecho a una universidad), otra tecnológicas (la enseñanza no presencial, como si las públicas existentes allá por 1994 no pudieran prestar este servicio) y otras de visión del mundo (como si el credo fuera elemento esencial del servicio público de la educación superior). Ojo al dato, la función de servicio público de la educación superior compete tanto a las universidades públicas como a las privadas, por cuanto el “sistema universitario” descrito por la Ley incluye a todas, públicas y privadas.

Siendo esto así, que las universidades privadas también ejercen un servicio público, no es de recibo la eliminación de las PAP en algunas universidades. Y ello porque no debería suponer un criterio de admisibilidad a unos estudios la capacidad económica del aspirante, sino la preparación académica para cursarlos. Si una prueba de acceso de nivel supone un obstáculo para el acceso el problema está en la preparación académica de los candidatos, que no puede resolverse pagando, sino estudiando. Curiosamente las plazas de estas universidades que han eliminado las PAP y que estaban vacías se están ahora llenando a un precio 8 o 9 veces superior al de las públicas. El problema no es sólo de las universidades privadas. Y es que la financiación de las públicas también está vinculada al número de alumnos que ingresa y egresa en el periodo de tiempo de establecido: hay que captar muchos alumnos y evitar que repitan curso si se quiere mantener la financiación por estos conceptos. Mal asunto.

Sí es de recibo, en cambio, que todas las universidades (públicas y privadas) jueguen con las mismas reglas para la disposición de determinados fondos públicos y de capacidad de endeudamiento en la medida que todas prestan un mismo servicio público. Con distintas salvedades, entre ellas que su profesorado no se pueda someter a las “ventajas” de la burocratización funcionarial. En fin, llamemos de una vez a las cosas por su nombre.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista.

Nos dice el Govern que “el agua no cae del cielo”. Tamaña falsedad -a no ser que se añadiese “por ahora”- se supone que es para fomentar un uso responsable del agua; algo que no han hecho hasta ahora nuestros incapaces Governs y Gobiernos. Una incapacidad que se repercute al ciudadano exigiéndole conductas ejemplares, ya sea en materia de seguridad viaria, cumplimiento tributario o tratamiento de residuos, por ejemplo. Poco importa el escaso mantenimiento de la red viaria, la pésima distribución de fondos europeos o la mejorable gestión de las basuras. Al final, la responsabilidad se quiere que sea siempre del ciudadano, sin importar la incapacidad política y administrativa, que proviene esencialmente de una fuente común: el miedo de los políticos al conflicto social en tiempo de elecciones (locales, autonómicas, generales o europeas), es decir, en cualquier momento. 

La sequía más importante desde que existen datos persiste en Catalunya desde hace más de tres años para más de 6 millones (de un total de 8) de ciudadanos que dependemos de las cuencas internas de Catalunya (Ter-Llobregat). Estamos en situación de emergencia por una sequía que, nos dicen, impone restricciones al punto de reducir la presión del suministro doméstico, a la industria, turismo, agricultura y ocio. Y a partir de ahí, que cada cual se busque la vida: desalinizadoras privadas para hoteles, excavación de pozos para regar o rogativas a Montserrat. Mientras tanto, nuestras Administraciones siguen aletargadas a la espera de milagros. No es la sequía la causa de las restricciones; es la muy ineficiente política hidráulica y la dejadez de funciones de nuestros Gobiernos desde hace años, alimentada por la amnesia de la ciudadanía que, cuando llueve, se olvida del tema. Súmenle la falta crónica de modernización de las redes de distribución, con masivas pérdidas y fugas de agua. De otro modo, no estaríamos en situación de crisis hídrica.  

Desde 2010 no se han ejecutado inversiones en obras hidráulicas y el dinero abonado por los usuarios mediante el cánon en el recibo del agua se ha usado para otros menesteres, como, por ejemplo, enderezar el déficit de la Agencia Catalana del Agua. No disponemos de las dos desalinizadoras que se habían previsto hace años y las redes de distribución sufren pérdidas en muchos de sus tramos por falta de mantenimiento. Cuestiones que llevará años solventar, siendo además que algunas de las soluciones planteadas por las Administraciones son caras, lentas o inasumibles. Las desalinizadoras consumen una enorme cantidad de electricidad, que además no les podemos suministrar por falta de red de alta tensión; traer agua en barcos es carísimo e insuficiente y además el Puerto de Barcelona no está preparado para este tipo de atraques. Ante ello la gran medida es restringir a los ciudadanos el uso doméstico del agua, uno de los servicios públicos esenciales en un Estado que pretenda serlo. Mientras, se pretende salvar al gran motor de nuestra economía (el turismo), hasta el punto de que si eres turista puedas usar la piscina de tu hotel, mientras que si eres ciudadano no puedes usar como debieras tus grifos, ni usar tu piscina pública o privada, ni regar tus plantas.

Las auténticas soluciones al problema (no la sequía, sino el suministro de agua a los ciudadanos), en cambio, están descartadas por el Govern. La razón oculta es que les generan un problema: les obliga a gobernar con mayúsculas en un país en el que se han acostumbrado a “pastorear” los problemas sin resolverlos. Educación, sanidad, transporte, energía, función pública, estructura productiva o vivienda son cuestiones que esperan desde hace demasiados años a ser planteadas como las “cuestiones de Estado” que son, fuera de la batalla política y con alcance de miras a la altura de país.

Todas estas cuestiones presentan a los gobernantes un problema en común: no existe un consenso general sobre su gestión. Consenso que, en un país maduro, se genera tanto desde la esfera pública como desde la privada hasta llegar a un punto de encuentro que se mantendrá tanto como sea posible en el tiempo, hasta que haya que revisarlo. En un decorado cainita el consenso no existe más que para garantizar comederos comunes, aunque sea a fuerza de agotar el pienso. Y más aún en un contexto de permanente batalla electoral, ya sea general, autonómica o local, que tiene como objetivo principal seguir alimentado la máquina partidista que ha fagocitado la democracia. En resumen, el problema para el político no es tanto la problemática suscitada (sequía, déficit del servicio público o malos resultados en el informe PISA), sino la controversia social suscitada por las medidas que se deben adoptar para resolverla. Controversia que castiga directamente al resultado electoral de quien debe aplicarlas, que es quien gobierna. En fin, que gobernar es, también, perder elecciones, y esto no hay partido político que lo aguante.

De este modo la oposición social, la de los territorios y sectores afectados en el caso de la sequía, a las medidas más adecuadas hace inviable que se puedan aplicar porque en términos electorales resulta inasumible para quien gobierna. Así, la interconexión de las redes de suministro de agua catalanas -incluido el Ebro- ha sido rechazada por el Govern debido al rechazo social en Terres d’Ebre con el argumento de que el minitrasvase del Ebro no es viable porque “es una estructura fija” para derivar “más agua del Ebro de la necesaria” en algunos momentos. Los Colegios de Ingenieros y la sociedad civil con opinión técnica no opina lo mismo, pero el miedo a perder elecciones en Terres d’Ebre es superior al sentido común. Igual suerte corren otras opciones posibles como conectar el agua sobrante de riego de la zona Segarra-Garrigues o la cabecera del Segre al Llobregat. Es obvio que gobernar es generar consensos y para hacerlo no hay otra que ponerse a ello y gestionar los conflictos sociales aún a costa de perder las mamandurrias, los sueldos que se disfrutan sin merecerlos. A no ser que, en un Estado laico, los políticos crean también en los milagros.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista 

La tremenda decepción que supone para los españoles repasar los datos del Informe PISA no cabe atribuirlos exclusivamente a efectos peregrinos. Obrar así ni siquiera sirve de consuelo. Hay razones de peso, y conviene ponerlas sobre el tapete para actuar en consecuencia. Veamos algunas.

En el horizonte inmediato se convoca en Cataluña una nueva tanda de oposiciones para cubrir plazas de profesorado, motivo que obliga a recordar quehace algunas semanas la Generalitat publicó los resultados de las anteriores oposiciones del proceso de estabilización de interinos docentes. En otras palabras, los exámenes convocados para dar plaza fija a quienes están impartiendo docencia en primaria y secundaria de modo “provisional”, aunque algunos lleven años en este limbo de temporalidad. En el ámbito de la Generalitat se cuentan unos 60.000 interinos de los que la mitad son docentes, lo que asciende a un 36% de la plantilla docente cuando la interinidad no debería suponer más de un 8%. Grave problema: es vergonzoso que las plantillas docentes deban funcionar con estas tasas de interinidad. Más vergonzoso aún -y altamente preocupante- es que uno de cada tres aspirantes haya suspendido. Y lo es porque, sorprendentemente, se trata de candidatos que llevan años ocupando sus plazas. Me temo que el problema es generalizado en toda España.

En otras palabras: maestros y profesores que llevan años ejerciendo su función docente no han sido capaces de aprobar un examen de ingreso a la función que están ejerciendo, a pesar de que esta oposición era menos exigente porque podían elegir entre varios temas y no tenían que realizar otros ejercicios que normalmente se requieren.

Pregunta obvia: ¿cómo puede ser que suspendan si llevan años de ejercicio? Más obvia todavía: ¿qué hacer con estos interinos? Voy aún más allá: ¿cómo es posible que personal que no puede acreditar la preparación suficiente esté ocupando interinamente una plaza que demanda unos conocimientos y capacidades a los que no alcanzan? Pongámonos en lo práctico: ¿Qué requisitos de acceso se exigieron en su día a estos hoy suspensos? ¿Quiénes han suspendido, van a continuar como interinos?

Parece obvio que los requisitos de acceso no fueron equivalentes a los de superar una prueba como la que han suspendido (de otro modo ahora habrían aprobado). Siendo esto así habría que preguntar a la Generalitat como narices se puede dotar una plantilla de docentes con gentes que, además de no acreditar su capacidad más allá de disponer de un título, demuestran su incapacidad suspendiendo un examen de ingreso a su medida. Parece también que va a haber una negociación con los sindicatos para garantizar que no sean despedidos “porque el sistema necesita todo este personal”, según se da por hecho en el sector; no sea que monten otra huelga.

Si bien no es ningún secreto que el fracaso escolar va en aumento y que los docentes, especialmente los de secundaria, están quemados, sí que parece un secreto todo lo que afecta al bajo nivel de formación de los docentes (al menos no genera el mismo debate social). Téngase en cuenta que “de aquellos polvos, estos lodos”: cuanto peor nivel de los docentes, peor formación de los alumnos. Se dirá que existen otros factores que afectan al nivel del alumnado (masificación de las aulas, falta de equipamientos, de apoyo institucional, el desencanto de los docentes, el entorno digital, la inmigración, los horarios, el régimen alimenticio o las fases lunares), pero este es fundamental: si un docente no da el nivel, sus alumnos difícilmente lo harán.

Para que un docente pueda acreditar un nivel adecuado a lo que se debería pretender es preciso establecer un marco normativo e institucional claro y estable: unos requisitos de acceso tan estrictos como se deba, un marco de actividad bien definido y un reconocimiento institucional coherente. En este país nos faltan los tres: las plantillas son interinas en porcentajes vergonzosos y sin acreditación de méritos suficientes para el acceso, la normativa sobre el modelo educativo y planes de estudios se ha alterado al ritmo de las mayorías parlamentarias y la función docente no goza del prestigio social e institucional que merecería (basta ver las notas de acceso a estudios universitarios del ramo). Añadiría el “secreto” al que me refería: el nivel de la formación universitaria de los futuros docentes que, visto lo visto, no parece la mejor y que va de la mano de “metodologías” en el aula que parecen más pensadas para la comodidad docente que para su éxito: “evaluaciones” que no son tal, proyectos que no se evalúan, “materiales” docentes virtuales…, por no citar la exagerada influencia de los intereses de los docentes sobre la combinatoria de los horarios ciudadanos: vacaciones, puentes, festivos, días de libre disposición, jornadas continuas y demás “conquistas” sindicales de los docentes que reposan sobre la paciencia infinita de unas familias que, salvo excepciones, llevan años haciendo objeción de su función educadora.

En fin, fracaso escolar, sí, resultado en buena medida de un previo fracaso académico. Mientras tanto, todos mirando a otro lado: nadie va a cuestionar la continuidad de los interinos suspendidos porque sería impopular política y sindicalmente, nadie va a cuestionar tampoco una selección de docentes que es más cuantitativa que cualitativa para que podamos reducir temporalmente la tasa de paro —y así nos va—. Fracasos, sí, curiosamente sin vergüenza de nadie.

Ramon-Jordi Moles Plaza. Jurista

En septiembre de 2021 una ingeniera de Facebook (hoy Meta) filtró documentos que demostraban la responsabilidad de la compañía en la difusión de noticias falsas y de contenidos violentos y en los daños que causaban entre los jóvenes. La filtración provocó que el Senado de EE.UU. la llamara a declarar, que se interpusieran demandas de padres de adolescentes afectados, otra demanda colectiva avalada por Instituciones educativas, o más recientemente, la demanda presentada contra Meta por los fiscales generales de 41 Estados.

En una entrevista reciente la ingeniera reconvertida a confidente de las autoridades en este asunto ha manifestado que “dentro de 10 años, nos preguntaremos por qué no regulamos antes las redes sociales”, además de  confiar en que para entonces tengamos leyes sensatas que den acceso a los datos de estas plataformas, en que tengamos un sistema democrático robusto en el que no se necesiten más actuaciones como la suya para funcionar”.

Es encomiable la conducta de esta persona. Tanto como sorprendente resulta su candidez. Hace ya veinte años publiqué una obra sobre la regulabilidad de Internet (1) cuya tesis principal era, y es, que Internet -las redes- tiene que ser regulado en la medida en que son propiedad de empresas privadas que afectan a intereses públicos que constituyen la base de nuestro funcionamiento como sociedades democráticas. En otras palabras: los dueños de las redes hacen con ellas lo que quieren; el problema es que con ello afectan al conjunto de nuestros derechos, y lo hacen abusivamente. Es harina de otro costal el uso de estas infraestructuras por parte de los Estados de distintos colores para proteger intereses más o menos confesables.

En su momento esta tesis fue minoritaria a la fuerza puesto que se enfrentó al papanatismo de las moderneces intelectuales que confundían la realidad con el deseo: creían ingenuamente que Internet sería un espacio de libertad sin censuras que podría conllevar notables progresos sociales. Están por ver todavía la libertad sin censuras y los progresos sociales, si bien es cierto que ha supuesto notables avances tecnológicos que han conllevado mejoras de nuestros sistemas productivos y de comunicaciones que no siempre revierten en una mejor calidad de vida.

Suenan ahora también los tambores de los dueños del invento reivindicando una regulación para la Inteligencia Artificial al rebufo de los miedos que ellos mismos confiesan sobre el uso de sus creaciones. Sorprendente: los todopoderosos milmillonarios reivindican que los Estados les regulen. Pregunta: ¿Qué es lo que quieren que se regule? Respuesta: los usos de las redes y de la Inteligencia Artificial venideros en unos años, no los de hoy, que se mantienen en tierra de nadie. Valiente reivindicación. La respuesta a la ingeniera es clara, obvia y no es preciso ser experto en Internet para comprenderla: las redes no se han regulado hasta ahora porque simplemente no ha interesado a los poderes fácticos. No esperemos tampoco que esta regulación que se plantea a futuro para la IA y a presente sobre el uso de las redes vaya a redundar en nada que pueda comprometer el poder de los milmillonarios en este campo. La única posibilidad es la toma de conciencia de los usuarios para boicotear sus negocios y la movilización ciudadana para presionar a los legisladores. Algo, por ahora, poco probable. Menos queja y más acción.

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista.

(1) Derecho y control en Internet (Ariel Derecho. 1ª edición enero 2004)

Infolibre 14.9.2023

No es la deuda de dos vecinas llamadas Celsa y Matilde. Es la deuda de unas empresas que recientemente han copado las páginas de la prensa económica por razones similares, aunque distintas. Celsa es una empresa industrial objeto de una reciente sentencia que ordena que sea adjudicada a sus acreedores, que no son otros que determinados fondos de inversión extranjeros que compraron en su momento la deuda a los originales acreedores españoles. Matilde es Telefónica, la de “¡Matilde, Matilde que he comprado telefónicas!”. Matilde es el nombre por el que se conocían las acciones de Telefónica a finales de los años 60, gracias a una campaña publicitaria protagonizada por José Luis López Vázquez.

Celsa es Celsa-Group, uno de los principales productores de acero de Europa. Una empresa hasta ahora familiar con 120 centros de trabajo en distintos países que emplean más de 70.000 trabajadores directos e indirectos, que es uno de los mayores consumidores de electricidad del país y que se ocupa en la producción de una materia prima (el acero) de carácter estratégico.

Matilde-Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que es la cuarta más importante de Europa y la decimotercera a nivel mundial. Fue empresa pública bajo el franquismo y se privatizó con los gobiernos de Felipe González y Aznar. Se vinculan a ella alrededor de 1,2 millones de puestos de trabajo, y da servicio a 315,7 millones de usuarios en los países donde está presente. Su relevancia se extiende a los entornos tecnológicos de ciberseguridad y defensa.

Es obvio que se trata de dos empresas estratégicas para la soberanía económica del país, lo que se traduce normalmente en una serie de controles por parte del Estado para evitar que su control (su propiedad total o parcial) pueda recaer en actores económicos que puedan resultar como mínimo “inconvenientes” para los intereses económicos del país. Este tipo de operaciones de “toma de control”, más o menos hostiles, tradicionalmente se han materializado mediante compras, más o menos discretas, de acciones de la sociedad que eventualmente se pretende controlar. Frente a ello los Estados han organizado con mayor o menor éxito distintas trabas (como las autorizaciones de las ventas de acciones, por ejemplo) a estas operaciones para evitar poner en riesgo su soberanía económica. La pandemia de COVID19 mostró al mundo la importancia de disponer de tecnologías y recursos propios, por ejemplo, mascarillas o respiradores. Véase en este sentido el caso reciente de la compañía saudí de telecomunicaciones STC (propiedad del gobierno saudí), que ha comprado con gran sigilo el 9,9% de Telefónica a través de una compañía luxemburguesa. Esta compra no se podrá hacer efectiva en su totalidad sin la autorización previa del Gobierno, a la que el Ministerio de Defensa español se opone por razones de seguridad.

Es un ejemplo clásico de protección de la soberanía económica que se ve cuestionado por lo acontecido en Celsa. La reciente sentencia que aplica la nueva ley concursal adjudica la empresa a sus acreedores, lo que implica que a partir de ahora cuando un acreedor estime que su deudor no puede afrontar la deuda se le permitirá convertir el derecho de crédito en acciones de la deudora y devenir accionista, esto es, dueño o codueño de la empresa. Algo que los acreedores de Celsa han jugado con gran habilidad y que abre la puerta a un nuevo formato de la toma de control de compañías estratégicas.

Es obvio que en el futuro habrá que adaptar las medidas de control sobre compañías estratégicas a este nuevo contexto: no sólo será preciso supervisar y limitar, si procede, las compras de sus acciones, sino que habrá que intervenir sobre el control de su endeudamiento, que se ha convertido en el coladero de inversores hostiles o no deseados. Es la puerta falsa de Celsa (hoy) y de Matilde (mañana).

Ramon-Jordi Moles Plaza

Jurista y analista.